VICUÑA: EL GOBIERNO DE SAN JUAN ACELERA EL TRATAMIENTO DEL CONVENIO POR US$ 250 MILLONES EN DIPUTADO

El Gobierno de San Juan reforzará esta semana su presencia en la Cámara de Diputados para impulsar la aprobación del convenio firmado con Vicuña, que contempla un aporte de hasta US$ 250 millones destinado a financiar obras de infraestructura en la provincia.

El acuerdo fue suscripto el pasado 5 de agosto y, desde ese momento, comenzó a correr un plazo de 60 días corridos para que sea ratificado por la Legislatura. De acuerdo con lo establecido en el documento, el vencimiento está previsto para el 4 de octubre. Si no obtiene la aprobación legislativa dentro de ese período, el convenio quedará sin efecto.

Con el objetivo de acelerar el análisis y despejar dudas entre los legisladores, este viernes a las 8.30 está prevista una reunión en Diputados con la participación de funcionarios del Ejecutivo provincial. Según trascendió, asistirán el ministro de Minería, Juan Pablo Perea; el ministro de Producción, Gustavo Fernández; y el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem. También podría participar el ministro de Infraestructura, Fernando Perea.

El despliegue oficial responde a la importancia económica del acuerdo y a la necesidad de garantizar que el trámite legislativo se concrete dentro de los plazos establecidos. Si bien el oficialismo tendría los votos necesarios para avanzar con la ratificación, el Ejecutivo busca evitar demoras y brindar precisiones sobre los alcances del convenio.

US$ 250 MILLONES PARA INFRAESTRUCTURA

Uno de los principales puntos del acuerdo es el denominado Aporte DIA Fijo, que contempla hasta US$ 250 millones para la ejecución anticipada de obras de infraestructura. Los recursos no estarán limitados al departamento Iglesia, donde se desarrolla el proyecto, sino que podrán ser utilizados para financiar trabajos previamente establecidos en distintos puntos de San Juan.

Los desembolsos no se realizarán de una sola vez. Vicuña comenzaría a efectuar los aportes a partir del 20 de diciembre de 2026, de acuerdo con los certificados que acrediten el avance de las obras financiadas.

Entre los proyectos mencionados por el Gobierno provincial aparece la construcción de distintos tramos de la Ruta Nacional 40, además de otras obras vinculadas con infraestructura vial, agua, saneamiento y vivienda.

El esquema establece además que este aporte podrá computarse para cancelar determinadas obligaciones vinculadas con la Declaración de Impacto Ambiental durante los primeros cinco años de comercialización del proyecto, junto con compromisos ambientales y comunitarios contemplados en el acuerdo.

A partir del sexto año de producción y comercialización, el mecanismo cambiará y Vicuña deberá realizar un nuevo aporte destinado a un fideicomiso, equivalente al 1,5% de la base de cálculo utilizada para determinar las regalías mineras.

EL MANEJO DE LOS FONDOS

El convenio establece que los recursos serán administrados mediante un fideicomiso cuyo fiduciario será el Banco de San Juan S.A. La entidad tendrá a su cargo las tareas vinculadas con la administración de los fondos, mientras que la Provincia será responsable de la constitución, organización, control y auditoría del esquema.

Por su participación como fiduciario, el Banco de San Juan percibirá una comisión anual del 0,45% sobre el patrimonio fideicomitido.

A su vez, las obras financiadas deberán ser adjudicadas mediante licitación pública y bajo el régimen de Obras Públicas de San Juan, independientemente del monto de cada proyecto. El Tribunal de Cuentas provincial tendrá facultades de control sobre el funcionamiento del mecanismo.

El acuerdo también establece una restricción específica sobre el uso de los recursos: los fondos no podrán ser destinados a propaganda política ni a campañas electorales.

REGALÍAS Y APORTES DURANTE LA VIDA DEL PROYECTO

Otro de los aspectos centrales del convenio está relacionado con el régimen de regalías. Para Vicuña se mantiene una alícuota del 3%, pero la base de cálculo será el valor bruto obtenido por la comercialización de los minerales.

Esta modalidad se diferencia del esquema general aplicado en otras operaciones mineras del país, donde las regalías se calculan sobre el valor de boca de mina. Según lo establecido en el acuerdo, la metodología acordada para Vicuña representaría una carga efectiva superior respecto de una aplicación del 3% sobre boca de mina.

El convenio contempla estas condiciones durante la vida útil del proyecto, en el marco de las disposiciones vinculadas con la Declaración de Impacto Ambiental de Josemaría y el régimen fiscal correspondiente.

UN PLAZO QUE PONE EL FOCO EN LA LEGISLATURA

Además de los aspectos económicos, el convenio incluye un mecanismo para resolver eventuales controversias entre las partes. Si una diferencia no logra solucionarse mediante negociaciones dentro de un período de 90 días, podrá recurrirse a un arbitraje bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional.

El tribunal estará integrado por tres árbitros, tendrá su sede en la ciudad de San Juan y el procedimiento se desarrollará en idioma español.

Con todos estos puntos sobre la mesa, el principal desafío inmediato para el Ejecutivo provincial es lograr que la Legislatura analice y ratifique el convenio antes del vencimiento del plazo de 60 días. La llegada de varios funcionarios a la Cámara de Diputados busca precisamente acelerar ese proceso y garantizar que el acuerdo por US$ 250 millones pueda entrar en vigencia.