SANTA CRUZ DEBATE EL CUPO DEL 90% DE EMPLEO LOCAL EN LA MINERÍA Y SU VIABILIDAD REAL.

La provincia de Santa Cruz, principal exportadora minera del país con ingresos que alcanzaron los 1.569 millones de dólares en 2025, atraviesa un escenario de debate político y laboral a partir de la modificación de la Ley de Empleo Local. La iniciativa impulsada por el gobernador Claudio Vidal eleva del 70% al 90% el cupo obligatorio de contratación de mano de obra local y endurece los requisitos de residencia, medida conocida como “Ley 90/10”.

El objetivo central de la normativa es fortalecer el arraigo laboral y evitar la migración de trabajadores y proveedores hacia otros polos mineros en crecimiento. No obstante, distintos actores del sector advierten que su implementación plantea desafíos concretos en términos de operatividad y disponibilidad de perfiles calificados.

Desde el ámbito empresarial, el presidente de CAPROMISA, Amadeo Gravino, sostuvo que la ley apunta a corregir una dinámica histórica en la que la actividad minera se desplaza junto con los trabajadores, sin generar pertenencia territorial. En ese sentido, consideró que la norma constituye una herramienta para consolidar el empleo local y el desarrollo provincial.

En contraposición, especialistas del sector señalan que el arraigo no depende únicamente de una imposición legal. La consultora Soledad Cáseres remarcó que la permanencia de trabajadores y sus familias está directamente vinculada a la calidad de vida, el acceso a servicios de salud, educación y vivienda, y advirtió que sin estas condiciones resulta complejo exigir un nivel tan alto de contratación local.

El debate se profundiza en los puestos de alta especialización. Cámaras como CAMICRUZ y empresas operadoras coincidieron en que el cumplimiento del 90% es factible en los niveles operativos, pero presenta serias limitaciones en áreas técnicas de mayor complejidad. Entre los perfiles más difíciles de cubrir con recursos locales se encuentran la ingeniería y geología especializada, los servicios de infraestructura compleja y la seguridad minera con alta experiencia.

Representantes del sector advirtieron que estos puestos requieren años de formación y trayectoria, lo que dificulta una cobertura inmediata a nivel provincial. En este sentido, se señaló que la imposición de cupos sin un desarrollo previo de capacidades técnicas puede generar tensiones en la actividad.

Otro de los puntos de preocupación es el impacto sobre la competitividad. Santa Cruz concentra cerca del 37% de la actividad minera nacional y existe inquietud respecto a que una normativa rígida, sin correlato en la oferta profesional disponible, pueda ralentizar proyectos, afectar la eficiencia operativa o colocar a la provincia en desventaja frente a jurisdicciones con marcos regulatorios más flexibles.

El escenario plantea un desafío de equilibrio entre la promoción del empleo local y la sustentabilidad de una industria clave para la economía provincial. El futuro de la minería santacruceña estará marcado por la capacidad de articular políticas de formación, infraestructura y desarrollo social que acompañen los objetivos de la ley sin comprometer la continuidad y competitividad del sector.