SAN JUAN AVANZA EN LA REGLAMENTACIÓN DE LA LEY DE DESARROLLO LOCAL MINERO Y BUSCA IMPLEMENTARLA ANTES DE FIN DE AÑO.

El Gobierno de San Juan puso en marcha la etapa de reglamentación de la recientemente aprobada Ley de Desarrollo Local Minero, con el objetivo de que todas las herramientas previstas por la normativa estén plenamente operativas antes de finalizar el año. Desde el Ministerio de Minería aseguraron que el proceso ya presenta un importante nivel de avance, ya que existe un borrador de la reglamentación y se trabaja en el desarrollo de los sistemas que permitirán controlar su cumplimiento.

El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, explicó que la reglamentación será la principal prioridad de la cartera en las próximas semanas y destacó que el trabajo realizado durante el debate legislativo permitió anticipar buena parte de esta etapa. En ese sentido, remarcó que no se parte desde cero, lo que facilitará acelerar los tiempos para la implementación de la ley.

Como parte del nuevo esquema, la provincia pondrá en funcionamiento el Registro Provincial de Proveedores Mineros (Repromin), donde deberán inscribirse las empresas que aspiren a ser reconocidas como proveedoras locales dentro de la industria minera. Paralelamente, se implementará una Matriz Social, una plataforma digital destinada a relevar y publicar indicadores sobre el impacto económico de la actividad en San Juan.

A través de esta herramienta se podrá consultar información vinculada al porcentaje de empleo local generado por la minería, la participación de proveedores sanjuaninos en los distintos proyectos y la evolución de las empresas provinciales que integran la cadena de valor. Los datos estarán disponibles mediante la plataforma Ciudadano Digital (CiDi), con el propósito de fortalecer la transparencia y el acceso público a la información.

Desde el Ministerio indicaron que la Matriz Social presenta un avance cercano al 90 %, mientras que el desarrollo del Repromin también se encuentra en una etapa muy avanzada. La intención oficial es que ambos sistemas estén en funcionamiento junto con la reglamentación de la ley antes de concluir 2026.

La normativa establece objetivos orientados a potenciar el desarrollo local, promoviendo que los proyectos mineros alcancen un 80 % de empleo de trabajadores sanjuaninos y un 60 % de contratación de proveedores radicados en la provincia. No obstante, el Gobierno aclaró que no se trata de cupos obligatorios, sino de metas destinadas a fortalecer la participación de la economía local en la actividad minera.

Perea sostuvo que estos objetivos deberán ir acompañados por políticas que impulsen la capacitación, la calidad y la competitividad de las empresas sanjuaninas, de manera que puedan responder a las exigencias de una industria con estándares internacionales.

Asimismo, el funcionario destacó que la ley fue elaborada mediante un proceso de diálogo con representantes del sector minero, industrial, de la construcción y de las cámaras de proveedores, lo que permitió alcanzar consensos y generar un marco de previsibilidad para el desarrollo de la actividad.

En relación con las críticas sobre una eventual incompatibilidad con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el ministro afirmó que la normativa provincial respeta plenamente el marco legal nacional y que la adhesión de San Juan al régimen no limita las facultades de la provincia para establecer políticas destinadas a fomentar la contratación de mano de obra y proveedores locales.