RIGI MINERO: LAS PROVINCIAS DEFIENDEN EL COMPRE LOCAL Y CRECE EL DEBATE POR LAS REGLAS DE INVERSIÓN.

La implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) abrió una discusión clave para el futuro de la minería argentina: el equilibrio entre la atracción de capitales y la participación de proveedores y trabajadores locales en los grandes proyectos.

Mientras el esquema impulsado por el Gobierno nacional establece un mínimo del 20% de contratación de bienes y servicios nacionales, varias provincias mineras cuentan con normativas mucho más exigentes que priorizan la contratación de mano de obra y proveedores radicados en sus territorios.

La diferencia de criterios adquiere especial relevancia ante la cartera de inversiones mineras prevista para los próximos años. Con proyectos de cobre, litio y oro que podrían movilizar más de 50.000 millones de dólares hacia 2035, las provincias buscan asegurar que una parte importante de ese movimiento económico quede en las economías regionales.

En el Noroeste Argentino, donde se concentra buena parte del desarrollo del litio, las exigencias de participación local superan ampliamente los requisitos contemplados por el RIGI. Catamarca, por ejemplo, establece que al menos el 70% de los bienes, obras y servicios contratados por las compañías mineras deben provenir de proveedores inscriptos en la provincia. Además, exige una participación similar de trabajadores catamarqueños o residentes con antigüedad comprobable.

Salta y Jujuy mantienen criterios similares, con porcentajes de compre local y empleo provincial que varían según la etapa de desarrollo de cada proyecto. En tanto, San Juan avanzó recientemente con una iniciativa que busca elevar la participación de trabajadores sanjuaninos al 80% y destinar el 60% de las compras a empresas locales.

La situación contrasta con la postura de Mendoza, donde no existen leyes específicas de compre local para la actividad minera. Desde el gobierno provincial sostienen que la imposición de cupos puede generar restricciones a la competencia y afectar la eficiencia de las inversiones.

Frente a este escenario, empresas mineras y entidades empresarias plantean la necesidad de armonizar las distintas normativas para evitar diferencias regulatorias entre provincias. Argumentan que algunos proyectos requieren proveedores especializados y personal altamente capacitado que no siempre está disponible en cada jurisdicción.

Por su parte, cámaras de proveedores mineros sostienen que el desarrollo de la industria debe traducirse en mayores oportunidades para las empresas nacionales y regionales, impulsando programas de capacitación, financiamiento y fortalecimiento de la competitividad.

El debate pone sobre la mesa uno de los principales desafíos de la minería argentina: compatibilizar la llegada de inversiones de gran escala con la generación de empleo, desarrollo industrial y crecimiento económico en las comunidades donde se desarrollan los proyectos. En ese contexto, el compre local aparece como una de las herramientas centrales para garantizar que los beneficios de la actividad tengan un impacto directo en las economías provinciales.