MINEROS FORÁNEOS DENUNCIAN DISCRIMINACIÓN EN LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS EN SANTA CRUZ

Trabajadores mineros provenientes de diversas provincias expresaron su preocupación frente a los nuevos controles implementados en los accesos a la provincia de Santa Cruz. Según indicaron, estas medidas vulneran derechos laborales y generan un clima de incertidumbre tanto en los campamentos mineros como en las empresas del sector.

Los controles, establecidos en puntos estratégicos como la Ruta Nacional N.º 3, exigen acreditar residencia en Santa Cruz como condición excluyente para continuar trabajando en los yacimientos o en compañías contratistas vinculadas a la actividad. Esta exigencia surge a partir de una reciente resolución provincial que establece que al menos el 90 % de los puestos laborales en el rubro minero deben ser ocupados por personas nacidas en la provincia o con una residencia comprobable mínima de seis años.

Con este propósito, se desplegaron operativos compuestos por personal policial y administrativo, encargados de verificar documentación, planillas de empleo y constancias de domicilio. Varios trabajadores que arribaron en micros y camionetas manifestaron que la medida fue sorpresiva y, en muchos casos, implicó retenciones prolongadas mientras se chequeaban los datos personales y laborales.

Entre los trabajadores afectados, algunos llevan años desempeñándose en yacimientos de la región sin haber gestionado una residencia formal, lo cual ahora podría dejarlos fuera del circuito laboral. Esta situación ha despertado alarma en sectores sindicales, desde donde se advirtió que la falta de claridad en los criterios de aplicación podría generar conflictos si no se establece una instancia de diálogo entre el Gobierno, las empresas y los trabajadores.

En los campamentos mineros, el malestar ha ido en aumento. Allí conviven empleados nacidos en Santa Cruz con operarios provenientes de otras provincias, y la nueva normativa amenaza con alterar esa dinámica, al imponer un requisito considerado por muchos como arbitrario.

Desde el Gobierno provincial, se sostiene que el objetivo de los controles es priorizar el empleo local y asegurar que los beneficios económicos derivados de la actividad minera —uno de los principales motores de la economía santacruceña— repercutan directamente en las comunidades de la provincia. Voceros del Ejecutivo justificaron la medida como parte de una política destinada a revertir una situación histórica, en la que buena parte de los puestos calificados eran ocupados por trabajadores de otras jurisdicciones.

No obstante, desde la perspectiva de los mineros foráneos, esta política representa una forma de exclusión que no toma en cuenta los años de experiencia ni los vínculos laborales forjados en el tiempo con empresas radicadas en Santa Cruz. Algunos de ellos expresaron sentirse desplazados, luego de haber sacrificado aspectos personales y familiares para desempeñarse en la provincia. “Después de tanto tiempo trabajando acá, ahora nos hacen sentir como si no perteneciéramos”, expresó uno de los afectados durante los controles.

Lo que comenzó como una manifestación aislada en los accesos del norte provincial amenaza con escalar si no se brinda una respuesta oficial que aclare el panorama y establezca condiciones equitativas para todos los trabajadores del sector. Mientras tanto, el ambiente en los yacimientos continúa tensándose, a la espera de una señal que propicie el diálogo y evite una confrontación directa entre las partes involucradas.