MINEROS DESOCUPADOS SANJUANINOS RECLAMAN UNA LEY 90/10 QUE PRIORICE EL EMPLEO LOCAL.

Mientras la provincia de Santa Cruz avanza con firmeza en la implementación de la Ley 90/10, que exige que el 90 % de los puestos laborales en minería, petróleo y represas sean ocupados por residentes locales, en San Juan crece el reclamo por una normativa similar. Diversos sectores de trabajadores mineros desocupados consideran que la experiencia santacruceña podría servir como modelo para proteger el empleo sanjuanino en el contexto del auge del cobre.

En Santa Cruz, el gobernador Claudio Vidal lideró operativos de control laboral que abarcan rutas, yacimientos y terminales, en un esfuerzo coordinado entre varios ministerios. Estos controles buscan garantizar que las empresas respeten el cupo mínimo de trabajadores locales, utilizando herramientas como el Sistema Único de Información Laboral, que obliga a las compañías a actualizar sus nóminas quincenalmente.

Esta política activa no pasó desapercibida en San Juan, donde mineros sin empleo ven con buenos ojos replicar un esquema legal que garantice que la mano de obra local tenga prioridad. Una de las voces más firmes en este reclamo es la de Patricio Páez, presidente de la Agrupación Minera Cordillera de los Andes, que agrupa a más de 200 trabajadores desempleados. Páez impulsa la idea de que San Juan adopte una ley inspirada en el modelo santacruceño, adaptada a la realidad cuyana.

Si bien reconoce que la Ley 90/10 puede generar tensiones con normas nacionales, Páez destaca el mensaje de fondo: defender el trabajo local. “Es discriminatoria, sí, pero también deja una enseñanza: que hay que proteger el empleo de quienes viven en la provincia”, señaló. En ese sentido, explicó que junto al abogado Correa Esbry trabajan en un proyecto de ley que busca asegurar un piso de empleo sanjuanino en el sector minero, tal como ocurre en el sur del país.

Desde su agrupación también denuncian la falta de controles efectivos en la zona cordillerana, donde aseguran que existe un ingreso frecuente de trabajadores extranjeros, especialmente chilenos y peruanos, que no cuentan con residencia en la provincia. Páez advierte que esta situación genera una competencia desleal que desplaza a los trabajadores locales: “Las empresas los hacen venir, trabajan todo el día y se van. Nadie los controla. Mientras tanto, nosotros seguimos sin empleo.”

La agrupación insiste en que San Juan necesita una política clara que regule el empleo minero y garantice que los beneficios de la actividad también se queden en la provincia. Consideran que no alcanza con una ley en papel, sino que es clave un sistema real de fiscalización y voluntad política.

Mientras tanto, desde Santa Cruz, el gobernador Vidal refuerza el mensaje con una frase que resuena cada vez más fuerte en suelo sanjuanino: “Con la ley 90/10, la prioridad es para quienes viven, trabajan e invierten en Santa Cruz. Basta de llevarse nuestra economía a otras provincias”.