El Poder Ejecutivo Nacional, bajo la firma del presidente Javier Milei, envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley que busca introducir reformas sustanciales en la actual Ley de Glaciares, vigente desde el año 2010. Según se informó oficialmente, el Gobierno considera que la normativa actual presenta fallas críticas que han obstaculizado el crecimiento económico del país, argumentando que, bajo criterios ideológicos, se impidió el desarrollo de sectores estratégicos que podrían haber generado riqueza y empleo para los argentinos.
La iniciativa gubernamental tiene como objetivo principal el reordenamiento del marco legal vigente para acabar con lo que el oficialismo califica como “interpretaciones arbitrarias”. El texto enviado a las cámaras busca consolidar un modelo de federalismo ambiental que sea plenamente compatible con los preceptos de la Constitución Nacional, permitiendo así que se destraben inversiones de gran escala que dependen de la seguridad jurídica y de un entorno normativo estable.
Dentro de los puntos clave de la reforma, el Gobierno propone centrar la protección estatal sobre aquellos glaciares que cumplen una función hídrica efectiva y real. De esta manera, se pretende fortalecer los estándares ambientales actuales, pero eliminando la discrecionalidad administrativa que, según la perspectiva oficial, ha funcionado como un freno para la actividad productiva en las zonas cordilleranas. El proyecto será debatido durante el periodo de sesiones extraordinarias, donde el oficialismo buscará el consenso necesario para su aprobación.
Asimismo, la propuesta legislativa otorga una relevancia mayor a las autoridades provinciales, reconociendo su capacidad técnica y científica para llevar adelante las evaluaciones de impacto ambiental de forma soberana. En este sentido, se busca una articulación más eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares para contar con información técnica actualizada y veraz. Este reclamo, según destaca el comunicado de Presidencia, responde a las necesidades planteadas por las provincias que integran la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre, actores fundamentales para el futuro minero de la Argentina.










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