MENDOZA EXIGE DECLARACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS PARA FORTALECER LA LICENCIA SOCIAL MINERA.

La provincia de Mendoza avanza en la consolidación de herramientas orientadas a reforzar el vínculo entre la actividad minera y las comunidades locales. En este marco, la Dirección de Minería implementa la exigencia de una Declaración Jurada de Buenas Prácticas, un instrumento que busca evaluar y acompañar el desempeño social de los proyectos, complementando los estudios ambientales obligatorios.

El área encargada de esta tarea es la Coordinación de Sostenibilidad, creada formalmente tras la actualización del Código de Procedimiento Minero en junio de 2024. Desde este espacio se impulsa una visión integral del desarrollo minero, que contempla no solo los aspectos ambientales, sino también el impacto social, la generación de empleo y las oportunidades para proveedores locales.

La estrategia de trabajo se organiza en cuatro ejes principales: el impulso productivo, orientado al fortalecimiento de la cadena de valor y a la participación de proveedores mendocinos; la vinculación comunitaria, centrada en el seguimiento del lazo entre empresas y comunidades; la promoción educativa y cultural, mediante instancias de capacitación y formación laboral; y la gobernanza, que prioriza la transparencia, la modernización de procesos y la participación ciudadana.

Dentro de este esquema, las empresas deben presentar la Declaración Jurada de Buenas Prácticas junto con la Declaración de Impacto Ambiental. Aunque este documento no posee el mismo peso jurídico que los requerimientos técnicos ambientales, sí resulta determinante para evaluar la factibilidad social de cada emprendimiento. Su objetivo principal es contribuir a la construcción de la llamada licencia social, entendida como el respaldo de la comunidad al proyecto y la percepción de beneficios concretos en términos de empleo, infraestructura y desarrollo local.

El debate en torno al consenso social ha sido un tema relevante en distintos procesos de evaluación de proyectos mineros en la provincia. Sin embargo, desde el área de Sostenibilidad se sostiene que la participación ciudadana a través de audiencias públicas y mecanismos de diálogo es un componente central para medir la aceptación social.

La Declaración de Buenas Prácticas exige que las compañías presenten un plan de integración social, en el que se detallen acciones específicas de relacionamiento comunitario. Entre los puntos que deben incluirse se encuentran los canales de comunicación con la población, estrategias de participación, propuestas educativas y culturales, y programas de formación laboral. Asimismo, se solicita que las empresas expliquen cómo facilitarán la participación comunitaria en los controles y el acceso a los monitoreos ambientales.

Otro aspecto clave es la protocolización de los monitoreos ambientales, proceso que contempla la intervención de la Policía Minera. Las empresas deben elaborar un plan con criterios técnicos mínimos, que defina puntos de muestreo, frecuencia de los controles, análisis en laboratorios certificados y mecanismos para que la comunidad pueda presenciar o conocer los resultados de estos procedimientos.

A su vez, la autoridad minera promueve la realización de talleres y actividades informativas al menos una o dos veces por año. También se trabaja en una guía de procedimientos que deberá ser presentada ante la Unidad de Gestión Ambiental, con resultados verificables.

Desde la Coordinación de Sostenibilidad se considera que estas herramientas contribuyen a generar confianza y transparencia, al demostrar que los proyectos operan bajo controles y estándares que resguardan los recursos naturales de la provincia.

Las políticas adoptadas toman como referencia experiencias de regiones con trayectoria minera, donde la actividad se desarrolla bajo estándares elevados de control y aceptación social. En ese sentido, se remarca que Mendoza posee antecedentes en diversas ramas de la minería, tanto metalífera como no metalífera, y cuenta con recursos humanos formados en el sector.

Un caso señalado como ejemplo es el proyecto San Romeleo, ubicado en Malargüe, cuya Declaración Jurada de Buenas Prácticas incluye iniciativas para mejorar caminos y generar empleo local vinculado a la producción de óxido de cobre. La propuesta fue presentada en audiencia pública, instancia que contó con una amplia participación de la comunidad.