LEY DE GLACIARES: EL SENADO DIO MEDIA SANCIÓN A LA REFORMA Y EL DEBATE PASA A DIPUTADOS.

El Senado otorgó media sanción a la reforma de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, en una votación que finalizó con 40 votos afirmativos, 31 negativos y abstenciones. La iniciativa ahora será tratada por la Cámara de Diputados cuando se inicie el período de sesiones ordinarias.

El proyecto propone modificar el alcance de las zonas protegidas, introduciendo una diferenciación dentro del ambiente periglacial. La reforma distingue entre aquellas geoformas que cumplen funciones como “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedoras de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” y aquellas que no cumplen necesariamente ese rol. Según el texto, se mantiene la prohibición absoluta de actividades económicas en glaciares.

Además, se crea el Inventario Nacional de Glaciares, que individualizará los glaciares y las geoformas periglaciales con función hídrica estratégica. El relevamiento y monitoreo estará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), en coordinación con la autoridad nacional de aplicación.

Entre las actividades prohibidas continúan aquellas que alteren de modo relevante la condición natural o el valor hídrico de los glaciares, como la liberación de sustancias contaminantes, la construcción de infraestructura, la exploración o explotación minera e hidrocarburífera y actividades industriales. Se mantienen permitidas las investigaciones científicas, tareas de rescate y prácticas deportivas como el andinismo y la escalada.

Argumentos a favor

El senador sanjuanino Bruno Olivera Lucero sostuvo que “el agua y la minería no son enemigos” y remarcó que la protección debe basarse en criterios científicos medibles. Defendió que si una geoforma cumple función hídrica es “intocable”, pero si no la cumple, las provincias deben poder decidir sobre su uso en el marco del federalismo.

El senador cordobés Luis Juez afirmó que la ley no vulnera garantías ambientales sino que devuelve a las provincias su autonomía sobre los recursos naturales.

En la misma línea, la senadora salteña Flavia Royón aseguró que el texto refuerza la protección y negó que implique “entregar el agua”. Señaló que el eje debe pasar “de la lógica de la forma a la lógica de la función”, protegiendo específicamente las reservas hídricas estratégicas.

El senador catamarqueño Flavio Fama planteó que no puede haber “prohibiciones absolutas” y que la minería, con estándares estrictos, puede convivir con el cuidado ambiental y aportar desarrollo a provincias como Catamarca.

Por su parte, Guillermo Andrada defendió una normativa clara pero no estática y propuso que el monitoreo tenga mayor participación provincial.

La senadora Patricia Bullrich sostuvo que la reforma no modifica la “columna vertebral” de la ley y afirmó que “cuidar no es prohibir; proteger no es paralizar”, al tiempo que cuestionó lo que definió como una falsa dicotomía entre ambiente y economía.

Críticas y cuestionamientos

Desde la oposición se denunció que el oficialismo introdujo cambios al dictamen durante el debate, lo que generó cuestionamientos por falta de transparencia.

El senador Agustín Coto sostuvo que la reforma estaría orientada a intereses externos y no a las provincias. Daniel Bensusán cuestionó que las modificaciones fueron distribuidas “tras bambalinas”.

El senador Martín Soria afirmó que la reforma tiene un trasfondo ideológico vinculado a la minería y advirtió sobre posibles impactos en la Cordillera.

La senadora Alejandra Vigo alertó que la provisión de agua es un recurso de interés nacional y no debe quedar sujeta a intereses coyunturales.

Anabel Fernández Sagasti calificó el debate como “irreversible” por las consecuencias ambientales, mientras que Alicia Kirchner advirtió sobre el contexto de cambio climático y la relevancia estratégica del agua.

Un debate que continúa

La reforma a la Ley de Glaciares abre una nueva etapa en la discusión sobre el equilibrio entre desarrollo productivo, competencias provinciales y protección ambiental. Con la media sanción ya otorgada, el tratamiento en Diputados será clave para definir si los cambios propuestos se convierten en ley y cuál será el alcance final del nuevo marco regulatorio.