LA RIOJA REACTIVA SU RECLAMO TERRITORIAL Y SAN JUAN RESPONDE: CRECE LA TENSIÓN POR LOS LÍMITES PROVINCIALES.

El histórico diferendo limítrofe entre La Rioja y San Juan volvió a ocupar el centro de la escena política luego de que la Cámara de Diputados riojana aprobara una norma destinada a fortalecer el reclamo territorial de la provincia sobre áreas cuya delimitación continúa siendo motivo de controversia.

Durante la sexta sesión ordinaria del 141° Período Legislativo, la Legislatura de La Rioja dio luz verde, por amplia mayoría, a un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo provincial que ratifica la postura histórica riojana respecto de los territorios que considera propios y establece mecanismos institucionales y judiciales para avanzar en su defensa.

La iniciativa rechaza el acuerdo firmado en 1968 entre los entonces interventores federales de ambas provincias y cuestiona la validez de la Ley Nacional N.º 18.004, sancionada durante el gobierno militar, al considerar que modificó los límites interprovinciales sin la intervención del Congreso de la Nación y en perjuicio de La Rioja.

Además, habilita al Ejecutivo provincial a promover acciones ante el Congreso y la Corte Suprema de Justicia para reclamar una definición definitiva sobre el dominio territorial en la zona en disputa. En paralelo, encomienda a la Fiscalía de Estado impulsar medidas cautelares destinadas a resguardar los recursos naturales existentes en el área, incluyendo bienes hídricos, yacimientos mineros y patrimonio arqueológico, evitando avances unilaterales hasta tanto exista una resolución firme.

Uno de los aspectos centrales de la norma es la creación de una Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial, integrada por siete legisladores y acompañada por representantes de organismos técnicos y especialistas en historia, geografía, cartografía y minería. El objetivo será reunir antecedentes, monitorear las acciones del Ejecutivo y coordinar estrategias con los representantes riojanos en el Congreso Nacional.

Durante el debate, legisladores oficialistas sostuvieron que el conflicto tiene raíces históricas vinculadas a decisiones adoptadas durante la última dictadura militar y remarcaron la necesidad de defender los intereses provinciales con respaldo técnico y jurídico. Desde la oposición, en tanto, se cuestionó la metodología elegida para abordar una cuestión de semejante complejidad institucional.

La respuesta de San Juan no tardó en llegar. A través de sus redes sociales, el gobernador Marcelo Orrego rechazó de plano la iniciativa riojana y aseguró que la delimitación vigente posee plena validez jurídica.

“Nuestra jurisdicción no está en discusión”, afirmó el mandatario sanjuanino, al recordar que los límites actuales rigen desde hace 57 años y que, según sostuvo, fueron ratificados por el Congreso Nacional en 2014. Asimismo, remarcó que ninguna provincia puede modificar unilateralmente un límite interprovincial mediante una ley local y convocó a todas las fuerzas políticas sanjuaninas a defender el territorio provincial.

Orrego fue enfático al señalar que San Juan no permitirá que se pongan en duda sus recursos estratégicos, el futuro de la provincia y símbolos identitarios como Ischigualasto, dejando en claro que la defensa de la jurisdicción será una política de Estado.

Más allá del intercambio político, el renovado conflicto pone nuevamente sobre la mesa la relevancia económica y estratégica de las zonas involucradas. La presencia de recursos hídricos, potencial minero y patrimonio natural convierte a esta discusión en un tema que trasciende la cuestión cartográfica y podría tener implicancias directas sobre futuros proyectos de desarrollo y aprovechamiento de recursos en el oeste argentino.

Mientras La Rioja busca respaldo institucional y judicial para reabrir el debate, San Juan sostiene que la discusión ya fue saldada hace décadas. El desenlace de esta nueva etapa probablemente termine definiéndose en los ámbitos nacionales competentes, donde la política y el derecho deberán establecer los límites definitivos de un conflicto que sigue abierto.