El conflicto en torno al proyecto minero Vicuña comienza a encaminarse hacia una instancia de negociación, luego de que el Gobierno de La Rioja y la empresa presentaran un pedido conjunto ante la Justicia de Chilecito para suspender de manera provisoria la medida cautelar que mantenía paralizada la iniciativa.
El acercamiento se da tras el reconocimiento por parte de la compañía de demoras en compromisos asumidos, lo que abrió la puerta a una redefinición del acuerdo. Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el objetivo es otorgar un nuevo plazo, pero bajo condiciones claras que garanticen beneficios concretos para La Rioja.
Entre los puntos centrales que plantea la provincia se destacan la prioridad en la contratación de mano de obra local y la participación de proveedores del Valle del Bermejo en la cadena de suministros. Además, se exige una fuerte inversión en infraestructura, especialmente en mejoras viales, teniendo en cuenta que gran parte del acceso al yacimiento atraviesa territorio riojano.
En este contexto, se espera una reunión clave en los próximos días entre el gobernador y autoridades de la empresa para avanzar en la formalización de estos compromisos y definir el futuro del proyecto.
En paralelo, desde el gobierno provincial también advirtieron sobre la delicada situación financiera que atraviesa La Rioja, señalando demoras en la llegada de fondos nacionales comprometidos, lo que agrava el escenario económico.
Este nuevo capítulo en el caso Vicuña refleja un cambio de postura: la provincia busca habilitar el desarrollo minero, pero bajo reglas más estrictas que aseguren empleo, inversión local y control ambiental, en un esquema donde el crecimiento vaya acompañado de beneficios reales para la comunidad.










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