LA RIOJA BUSCA ATRAER INVERSIONES MINERAS MEDIANTE LA TOKENIZACIÓN DE FUTURAS REGALÍAS.

La posibilidad de anticipar ingresos mineros mediante activos digitales comenzó a ganar espacio como alternativa de financiamiento para las provincias y los municipios. En La Rioja, la firma Oroblock impulsa esta herramienta vinculada al proyecto de exploración Corina, con el objetivo de captar inversiones privadas y obtener recursos que podrían destinarse a obras de infraestructura y otras necesidades públicas.

Daniel Llermanos, exjuez penal y asesor de Oroblock, defendió la iniciativa y explicó que el mecanismo permitiría convertir una parte de las regalías futuras en derechos de cobro representados digitalmente, sin transferir la propiedad de los yacimientos ni de los recursos naturales.

La propuesta se relaciona con un proyecto de ley presentado en el Congreso de la Nación para establecer un régimen de tokenización de flujos productivos provenientes de recursos naturales estratégicos. La iniciativa busca abrir nuevas vías de financiamiento, aunque su aplicación requiere analizar las condiciones legales, financieras y contractuales de cada operación.

La tokenización consiste en representar digitalmente determinados activos o derechos económicos. En el caso de las regalías mineras, el objetivo sería obtener fondos en el presente a cambio de comprometer una parte de los ingresos que eventualmente genere una actividad productiva.

Según Llermanos, esta alternativa podría permitir que los gobiernos dispongan anticipadamente de recursos que, de otro modo, recibirían a medida que avance la producción minera. Sin embargo, el resultado dependerá de que los proyectos alcancen una etapa productiva y generen ingresos suficientes para respaldar los derechos de cobro.

EL PROYECTO CORINA COMO EJE DE LA INICIATIVA

La propuesta de Oroblock está vinculada al proyecto Corina, ubicado en las inmediaciones de la histórica mina La Mejicana, en La Rioja. De acuerdo con la información difundida por Minerales del NOA S.A., la iniciativa comprende 24.647 hectáreas distribuidas en once áreas y tiene al oro, el cobre y la plata entre sus minerales de interés.

El proyecto se encuentra en etapa de exploración, por lo que todavía debe evaluarse su potencial productivo. Esta situación constituye un aspecto central para determinar el alcance de una eventual operación financiera, ya que las regalías que podrían respaldarla dependen del desarrollo futuro de la actividad.

Manuel Arias, director financiero de Oroblock, señaló que la empresa trabaja con gobiernos provinciales y municipales para avanzar en la estructuración de operaciones relacionadas con regalías y otros flujos económicos derivados de bienes públicos.

Desde la compañía sostienen que el marco regulatorio vigente contempla herramientas para la representación digital de determinados activos financieros. No obstante, la posibilidad de utilizar regalías públicas como respaldo de una emisión requiere evaluar la naturaleza jurídica de los derechos involucrados y las autorizaciones correspondientes.

EL PROYECTO DE LEY Y LOS CONTROLES FINANCIEROS

Uno de los antecedentes legislativos de la propuesta es el expediente 0435-D-2026, presentado el 12 de marzo de 2026 por la diputada nacional Marcela Pagano. La iniciativa plantea establecer un régimen de tokenización soberana de flujos productivos vinculados con recursos naturales estratégicos.

Entre sus disposiciones se contempla un límite del 20% del flujo futuro neto de cada proyecto y la celebración de acuerdos entre la Nación y las provincias involucradas, sujetos a la aprobación de las legislaturas provinciales.

El proyecto legislativo debe distinguirse de una ley vigente: su presentación no implica que el régimen específico haya sido aprobado ni que cualquier ingreso público pueda convertirse automáticamente en un activo digital negociable.

Por su parte, la Comisión Nacional de Valores cuenta con normas para la representación digital de determinados instrumentos financieros. Sin embargo, la existencia de ese marco regulatorio no garantiza por sí sola la autorización de una operación sobre regalías mineras, ya que cada estructura debe ajustarse a las disposiciones aplicables.

EL RIESGO DE COMPROMETER INGRESOS FUTUROS

Uno de los principales interrogantes de la propuesta es determinar si la anticipación de regalías constituye una alternativa de financiamiento o si puede generar compromisos equivalentes a una deuda para los gobiernos.

Llermanos reconoció que el diseño contractual resulta determinante y advirtió que comprometer la totalidad de una regalía durante un período prolongado podría convertirse en una obligación financiera de largo plazo.

Por ese motivo, la evaluación de una operación requiere establecer qué proporción de los ingresos se comprometerá, durante cuánto tiempo, cuáles serán las condiciones de pago y qué ocurrirá si la producción resulta inferior a la prevista o no llega a concretarse.

Osvaldo Di Giorgio, geólogo y asesor de la empresa, sostuvo que la iniciativa apunta a negociar derechos económicos sobre los ingresos y no la propiedad de los recursos naturales. Este es uno de los argumentos centrales de quienes promueven la herramienta, aunque la preservación de la titularidad estatal no elimina los riesgos asociados a los compromisos sobre ingresos futuros.

UNA ALTERNATIVA ANTE LAS RESTRICCIONES PRESUPUESTARIAS

El interés por este tipo de instrumentos se desarrolla en un escenario de restricciones fiscales para las provincias y los municipios. La búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento aparece como una alternativa para sostener inversiones en infraestructura y otras necesidades públicas.

En las jurisdicciones con potencial minero, las regalías representan una fuente de ingresos vinculada al desarrollo de los proyectos. La posibilidad de anticipar una parte de esos recursos podría ampliar las herramientas disponibles, aunque su viabilidad dependerá de la producción efectiva, las condiciones financieras y las garantías establecidas.

En La Rioja, la iniciativa relacionada con Corina abre el debate sobre el uso de activos digitales para atraer capital privado hacia el sector minero. El desafío será determinar si estas operaciones pueden generar recursos para el presente sin comprometer de manera excesiva los ingresos públicos futuros ni trasladar riesgos desproporcionados a la provincia y sus habitantes.