“LA REFORMA DE LA LEY DE GLACIARES DARÁ SEGURIDAD JURÍDICA SIN AFECTAR ”, AFIRMÓ FERNANDA ÁVILA.

En el marco del debate legislativo por la modificación de la Ley de Glaciares, la diputada nacional Fernanda Ávila se mostró a favor de la iniciativa y defendió la necesidad de avanzar en cambios que, según sostuvo, permitirán brindar mayor claridad normativa y previsibilidad tanto a las provincias como a las inversiones.

La exministra de Minería señaló que uno de los principales objetivos del proyecto es corregir imprecisiones en la normativa vigente, especialmente en la definición de las áreas periglaciares, lo que —a su entender— ha generado dificultades en su aplicación y una creciente judicialización desde su sanción.

En ese sentido, explicó que la reforma apunta a que las provincias puedan llevar adelante estudios más precisos para determinar qué zonas contienen efectivamente recursos hídricos y deben ser protegidas, diferenciándolas de aquellas que no presentan estas características y podrían destinarse a actividades productivas.

Ávila remarcó que la iniciativa no implica una flexibilización de la protección ambiental, sino que busca profundizar el conocimiento sobre el territorio a través de distintas etapas de análisis, incluyendo relevamientos satelitales, monitoreo y estudios de campo, muchos de los cuales no se han completado hasta el momento debido a su complejidad y costos.

Frente a las críticas sobre un posible impacto negativo en el agua, la legisladora fue categórica al sostener que el objetivo central continúa siendo la preservación del recurso hídrico, y que cualquier decisión estará respaldada por información técnica específica.

Asimismo, defendió la capacidad de las provincias para llevar adelante estos procesos y destacó la responsabilidad que implica la aprobación de cada informe de impacto ambiental, los cuales requieren evaluaciones prolongadas y controles periódicos.

Por otra parte, consideró que la legislación actual genera incertidumbre tanto para los organismos de control como para los inversores, lo que limita el desarrollo del sector minero. En esa línea, planteó que una mayor seguridad jurídica podría favorecer la llegada de nuevas inversiones, incrementar las exportaciones y potenciar la generación de empleo.

Finalmente, también se refirió a los cuestionamientos vinculados a posibles efectos sobre cuencas compartidas entre provincias, y recordó que existen marcos regulatorios vigentes que establecen mecanismos de coordinación para la gestión del agua en estos casos.

Con información de El Pregón Minero.