GOBERNADORES MINEROS Y NACIÓN BUSCAN LEY ACLARATORIA PARA DESTRABAR INVERSIONES.

Los gobernadores de las provincias con actividad minera han formalizado un acuerdo de concertación federal con el Gobierno nacional, con el objetivo de presentar ante el Congreso un proyecto de ley destinado a clarificar aspectos clave de la Ley de Glaciares actualmente en vigor. Esta estrategia coordinada busca desbloquear grandes proyectos de inversión en el sector, cuya concreción se ha visto obstaculizada por las interpretaciones divergentes y las ambigüedades técnicas de la normativa. La problemática de la Ley de Glaciares ha vuelto a ser central en la agenda minera, impulsando a las provincias productoras a adoptar una postura común para corregir los vacíos legales que, según las administraciones locales, están generando la paralización de iniciativas y demoras críticas en las decisiones de capital. Los gobiernos provinciales y la Casa Rosada convinieron en que el mecanismo más adecuado y sólido jurídicamente para resolver las controversias interpretativas es la promulgación de una nueva ley, desechando la idea inicial del presidente Javier Milei de utilizar un decreto, ya que la ley ofrece mayor estabilidad y una mejor defensa ante posibles futuras judicializaciones. El proyecto se está gestando mediante la concertación federal, un marco constitucional que facilita la presentación conjunta de la propuesta. El texto está en una fase avanzada de desarrollo, incorporando la visión técnica de múltiples jurisdicciones, incluida la provincia de San Juan, cuyas autoridades, como el gobernador Marcelo Orrego y sus ministros, aceleraron las gestiones en la capital federal para avanzar en la consolidación del documento.

La intención es que la norma aclaratoria sea ingresada al Congreso antes de fin de año, para que siga un tratamiento legislativo ordinario en ambas cámaras, priorizando la solidez legal sobre la celeridad. Es fundamental destacar que las provincias han sido enfáticas en que la iniciativa no busca modificar la Ley de Glaciares ni disminuir sus estándares de protección ambiental. El propósito es precisar definiciones técnicas que hoy en día generan superposiciones y restricciones innecesarias entre las áreas protegidas y las zonas con potencial o actividad minera preexistente. Los puntos esenciales que se busca redefinir son el alcance del ambiente periglacial, buscando delimitar de manera más acotada el concepto, y la delimitación concreta del objeto protegido, diferenciando con mayor claridad qué geoformas deben quedar bajo la protección estricta. Además, se incluirá una reafirmación explícita de la potestad constitucional de las provincias sobre la gestión de sus recursos naturales, asegurando que las decisiones de explotación se tomen bajo la aplicación de la normativa ambiental local. La falta de precisión legal ha impactado directamente en la ejecución de proyectos mineros de gran envergadura. Iniciativas como Pachón, Altar, Vicuña y Los Azules, en San Juan y otras provincias, han sido citadas como ejemplos donde la interpretación actual de la Ley de Glaciares ha obstaculizado su avance. Las autoridades advierten que la concreción de estas grandes inversiones depende directamente de la existencia de un marco legal claro que defina con exactitud las zonas protegidas y las áreas aptas para el desarrollo minero bajo estrictos estándares ambientales.