GLACIARES EN DEBATE: ROYÓN DEFENDIÓ LA REFORMA ANTE LEGISLADORES SALTEÑOS

En el marco de una reunión conjunta de las comisiones de Minería de la Legislatura de Salta, la senadora nacional Flavia Royón expuso los fundamentos del proyecto de reforma de la Ley Nacional de Glaciares. El encuentro se presentó como una instancia clave para que los legisladores provinciales conocieran el alcance de una iniciativa que, según el oficialismo, busca dotar de mayor previsibilidad al desarrollo minero mediante la clarificación de normativas que han generado controversias desde su sanción en 2010.

Precisiones técnicas y soberanía provincial

Durante su exposición, Royón calificó la propuesta como una “ley aclaratoria”. Su defensa se centró en la necesidad de reafirmar que el objeto de protección deben ser los glaciares y aquellas geoformas, como los glaciares de escombros, que posean una función hídrica efectiva. La senadora argumentó que la normativa original carece de una reglamentación plena, lo que ha derivado en una superposición de competencias entre la Nación y las provincias.

En este sentido, la legisladora subrayó que la reforma pretende devolver el federalismo a la gestión de los recursos naturales. Sostuvo que las provincias, como dueñas de sus recursos, deben recuperar la facultad de realizar sus propios estudios de impacto ambiental y relevamientos técnicos, permitiendo una actualización más precisa del inventario de glaciares que, en el caso de Salta, cuenta con 640 unidades relevadas mayormente a nivel satelital.

La minería como motor estratégico

El respaldo de la Legislatura salteña se dio en un clima de fuerte impronta productivista. Desde las presidencias de las comisiones de Minería, encabezadas por Griselda Galleguillos y Gonzalo Caro Dávalos, se destacó que la actividad ha dejado de ser secundaria para convertirse en el eje del desarrollo económico provincial. Los legisladores coincidieron en la importancia de compatibilizar la protección del medio ambiente con el crecimiento industrial, asegurando que la reforma brindará el criterio necesario para orientar la política local.

Por otro lado, desde la perspectiva territorial de la Puna, el senador Carlos Guitián aportó una mirada de cautela respecto al recurso hídrico. Si bien apoyó la descentralización de facultades, enfatizó la necesidad de garantizar el suministro de agua para las comunidades locales y los proyectos mineros, instando a un diálogo permanente para “amalgamar” la producción con la sostenibilidad ambiental.

Contraste con la postura ambientalista

A diferencia del consenso técnico-político alcanzado en Salta, el texto final también refleja la fuerte resistencia de organizaciones socioambientales a nivel nacional. Mientras en la provincia se prioriza la seguridad jurídica para las inversiones, sectores científicos y jurídicos advierten que la reforma podría debilitar los presupuestos mínimos de protección y desplazar la toma de decisiones técnicas hacia ámbitos puramente políticos, lo que anticipa un posible escenario de judicialización tras su tratamiento el próximo 10 de febrero.