FUERTE CRUCE ENTRE SAN JUAN Y LA RIOJA POR LA PARALIZACIÓN DEL PROYECTO VICUÑA.

La Cámara de Servicios Mineros de San Juan manifestó su rechazo a la decisión judicial impulsada en La Rioja que frenó el avance del proyecto Vicuña, y cuestionó el trasfondo de la medida.

A través de su presidente, Juan Pablo Delgado, la entidad expresó que la resolución no respondería a criterios técnicos o ambientales, sino que tendría un componente político. En ese sentido, advirtió sobre el impacto negativo que esta situación genera en el desarrollo de la actividad minera en la región.

Desde la cámara señalaron que el proyecto implica una inversión estimada en 11.000 millones de dólares, considerada clave para la economía del oeste argentino. Además, remarcaron que la paralización afecta no solo a la empresa operadora, sino también a trabajadores y proveedores, incluyendo personal de la propia provincia de La Rioja.

Según indicaron, el emprendimiento genera empleo directo para trabajadores riojanos y ha impulsado la participación de empresas locales en tareas como el mantenimiento de caminos y servicios asociados. Por ello, sostienen que la medida judicial podría repercutir directamente en la economía de esas comunidades.

Asimismo, advirtieron que la interrupción del acceso al proyecto también impacta en otras iniciativas mineras de la zona cordillerana, afectando el normal desarrollo de distintos emprendimientos vinculados al mismo corredor.

En cuanto a los aspectos técnicos, desde CASEMI señalaron que la empresa ya presentó la documentación ambiental requerida y que se encuentra a la espera de definiciones por parte de las autoridades riojanas. En este contexto, solicitaron mayor celeridad en los procesos administrativos y judiciales para evitar demoras que perjudiquen la actividad.

Finalmente, la entidad alertó sobre el impacto que este tipo de conflictos puede tener en la confianza de los inversores, en un escenario donde el país busca posicionarse como destino atractivo para proyectos mineros de gran escala.