EL CONCEJO DELIBERANTE DE SAN JOSÉ IMPULSA UN PROYECTO PARA GARANTIZAR EL CUPO LABORAL DEL 70/30 EN LA MINERÍA.

El Concejo Deliberante de San José, localidad ubicada en el departamento Santa María, provincia de Catamarca, aprobó de forma unánime un Proyecto de Resolución impulsado por la concejal Johana Brizuela. La iniciativa surge como respuesta directa a la profunda preocupación comunitaria respecto al cumplimiento del cupo laboral local de la relación 70/30 en los proyectos mineros, así como a las reiteradas denuncias por presuntos cambios masivos de domicilio que atentan contra el empleo de los residentes locales.

La propuesta legislativa se consolidó tras una serie de mesas de trabajo y reuniones con trabajadores desocupados, las cuales contaron con la participación del diputado Juan Pablo Sánchez, legisladores provinciales, representantes de la Cámara de Proveedores Mineros y la empresa MARA.

De acuerdo con las declaraciones de la edil, la inquietud persiste con fuerza en el distrito debido a la escasez de puestos de trabajo destinados a los verdaderos habitantes de la jurisdicción. Tras la aprobación por parte del cuerpo de concejales de San José hace dos semanas, la legisladora se trasladó a San Fernando del Valle de Catamarca para presentar formalmente el documento ante la Cámara de Diputados de la Provincia, la Cámara de Minería y el Ministerio de Gobierno.

Brizuela enfatizó que, dado que el esquema 70/30 se mantiene bajo la figura de una resolución provincial y no como una ley marco de defensa del sector trabajador, resulta imperativo que los estamentos provinciales asuman las determinaciones políticas correspondientes.

En ese contexto, se comparó la situación con la provincia de Jujuy, donde ya se debate un esquema de distribución laboral de un 80/20. Uno de los ejes más críticos analizados en la resolución apunta a la falta de regulaciones estrictas y de posturas firmes por parte del gobierno provincial frente a los cambios de domicilio.

Brizuela indicó que, a diferencia de otras jurisdicciones donde la radicación exige contraprestaciones fiscales o de alquiler, la desregulación actual incentiva alteraciones que terminan afectando negativamente los datos demográficos y los resultados censales del departamento, forzando a la población local a emigrar o cambiar su domicilio por estricta necesidad laboral hacia provincias como Salta o a distritos vecinos como Andalgalá y Belén. Actualmente, el tratamiento del proyecto a nivel provincial se encuentra supeditado a la conformación de la comisión respectiva en la Cámara de Diputados, la cual carece de integrantes asignados a la fecha. Frente a este panorama, no se descarta la solicitud de una audiencia formal con la presidencia de dicho cuerpo legislativo con el objetivo de agilizar el debate.