EL 75% DE LA POBLACIÓN APOYA LA MINERÍA, PERO LA PROVINCIA SOLO REPRESENTA EL 1,2% DEL PADRÓN NACIONAL.

Una encuesta de la consultora Poliarquía reveló que el 75% de los sanjuaninos respalda la actividad minera. Sin embargo, pese a la importancia productiva del sector, San Juan representa apenas el 1,2% del padrón electoral nacional, una diferencia que expone el desafío de posicionar la minería en la agenda política del país.

El dato fue presentado por Ernesto Cuccianovich, director de la consultora, durante una visita a la provincia. Según explicó, la percepción social sobre la minería experimentó cambios en los últimos años, impulsada principalmente por las expectativas en torno al cobre y, en menor medida, al litio.

Ambos minerales cuentan con una valoración favorable por su vinculación con la electromovilidad y la transición energética, factores que contribuyeron a mejorar la imagen de la actividad. A esto se suma el impacto económico que representa el desarrollo minero en un contexto de dificultades económicas.

Cuccianovich también señaló que el respaldo se extiende a sectores de la población que no tienen contacto directo con los yacimientos. En ese sentido, indicó que más de la mitad de los argentinos considera que a la minería le va bien o muy bien, aunque reconoce tener un conocimiento limitado sobre su funcionamiento.

No obstante, el consultor advirtió que el peso electoral de las provincias mineras es reducido frente a los principales distritos del país. La provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentran el 46% del padrón nacional, porcentaje que alcanza el 64% al incorporar a Córdoba y Santa Fe. En contraste, las diez provincias con potencial minero reúnen menos del 16% del electorado.

Esta diferencia plantea un desafío para las jurisdicciones productoras, que buscan consolidar el desarrollo de la actividad y lograr que sus beneficios tengan un impacto más amplio en la economía nacional. En ese escenario, crecen las expectativas sobre el aporte de las exportaciones de cobre a la generación de divisas, la estabilidad económica y el financiamiento del gasto público.

Otro de los puntos señalados por Cuccianovich fue el tiempo que demanda poner en marcha un proyecto de gran minería de cobre. De acuerdo con su exposición, entre la exploración y la construcción pueden transcurrir alrededor de 12 años antes de alcanzar la primera producción, un plazo que contrasta con los tiempos más cortos de otros sectores productivos y con las expectativas de la política.

Por ese motivo, consideró que uno de los principales desafíos consiste en administrar las expectativas que generan los anuncios de inversiones millonarias. En esa línea, propuso que los gobiernos y las empresas mineras desarrollen mecanismos específicos para comunicar los avances, los plazos y los beneficios esperados de cada proyecto.

El diagnóstico de Poliarquía pone el foco en una cuestión central para el futuro minero argentino: transformar el respaldo social a la actividad en políticas sostenidas en el tiempo, con expectativas acordes a los plazos de desarrollo y una discusión clara sobre cómo se distribuirán los beneficios económicos entre las provincias productoras y el conjunto de la Nación.