La Cámara de Diputados aprobó la modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, convirtiendo en ley la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional.
El debate se extendió por más de diez horas y culminó con la sanción definitiva de una reforma que ya contaba con media sanción del Senado. La nueva normativa introduce cambios en el alcance de las zonas protegidas y redefine el tratamiento de los ambientes periglaciares.
Entre los puntos centrales, la ley otorga a las provincias un rol protagónico, al facultarlas para definir qué constituye un glaciar o un ambiente periglacial dentro de sus territorios, así como también evaluar el impacto de las actividades productivas en estas áreas.
La reforma incorpora el principio precautorio, estableciendo que toda geoforma incluida en el Inventario Nacional de Glaciares será considerada protegida hasta que la autoridad ambiental competente determine si posee o no funciones hídricas. Esta evaluación quedará bajo la órbita de cada provincia, que deberá remitir la información al IANIGLA para la actualización del inventario.
Asimismo, se modifican las prohibiciones, que pasarán a aplicarse únicamente sobre los glaciares y geoformas que sean identificados como portadores de funciones hídricas. En estos casos, se mantienen las restricciones a actividades como la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de industrias y obras que alteren significativamente el equilibrio natural.
Otro aspecto relevante es la exigencia de estudios de impacto ambiental previos para cualquier intervención en estas zonas, además de la posibilidad de implementar evaluaciones estratégicas según la magnitud de los proyectos. Solo quedarán exceptuadas actividades científicas no invasivas, tareas de rescate y prácticas deportivas no motorizadas.
Desde distintos sectores, como organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles, ya anticiparon que recurrirán a la Justicia para cuestionar la nueva ley.
Por último, la normativa redefine el rol del IANIGLA, que continuará a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, aunque con un esquema basado en la actualización constante de información proporcionada por las provincias. Desde el Gobierno señalaron que, tras 15 años de vigencia de la ley original, aún resta avanzar en la determinación de la función hídrica efectiva de las geoformas relevadas.
