SAN JUAN ENFRENTA EL DESAFÍO DE FORMAR MÁS DE 50.000 TRABAJADORES PARA EL DESARROLLO DE LA MINERÍA DEL COBRE.

El crecimiento proyectado de la minería del cobre en San Juan plantea uno de los mayores desafíos laborales de la historia de la provincia. De acuerdo con un informe elaborado por el expresidente de la Cámara Minera de San Juan, Ricardo Martínez, la actividad requerirá más de 50.000 trabajadores directos durante la próxima década, lo que obligará a acelerar la formación de recursos humanos especializados para responder a la demanda que generarán los nuevos emprendimientos cupríferos.

El estudio, presentado tanto al sector empresario como al Gobierno provincial, advierte que el sistema educativo y de capacitación debe comenzar a preparar desde ahora a los futuros trabajadores para evitar un déficit de mano de obra calificada cuando los grandes proyectos entren en sus etapas de construcción y producción.

Actualmente, la minería sanjuanina emplea alrededor de 4.800 trabajadores de manera directa. Sin embargo, las proyecciones indican que esa cifra podría multiplicarse por diez entre 2028 y 2035, período en el que coincidirá el desarrollo simultáneo de varios proyectos de cobre. A este crecimiento se sumará un importante efecto multiplicador sobre el empleo indirecto, ya que por cada puesto directo se estima la creación de entre cuatro y cinco nuevos empleos vinculados a la actividad.

El informe identifica cuáles serán los perfiles laborales con mayor demanda. En primer lugar, se ubican los operadores de mina y de planta, para los que se requerirán aproximadamente 18.000 trabajadores encargados de las operaciones diarias de extracción y procesamiento del mineral.

Otro de los perfiles más buscados será el de mecánicos de equipos pesados. El crecimiento del parque de maquinaria minera demandará cerca de 12.000 especialistas para el mantenimiento de camiones, perforadoras, palas y otros equipos utilizados en los yacimientos.

La logística también ocupará un lugar central dentro del desarrollo del sector. Se proyecta la incorporación de unos 10.500 trabajadores para desempeñarse en transporte, abastecimiento, almacenamiento, compras y gestión de la cadena de suministro, funciones consideradas estratégicas para operaciones ubicadas en zonas alejadas de los principales centros urbanos.

En el ámbito profesional, el estudio prevé la necesidad de incorporar alrededor de 8.200 ingenieros especializados en minería y procesos industriales, responsables de planificar las operaciones y optimizar la producción de los futuros emprendimientos.

A ellos se sumarán cerca de 6.500 especialistas en higiene, seguridad y gestión ambiental, áreas fundamentales para garantizar el cumplimiento de las normas que regulan la minería moderna.

El avance tecnológico también modificará el perfil del empleo minero. El documento estima que serán necesarios aproximadamente 4.800 profesionales vinculados a automatización, robótica, análisis de datos y transformación digital, reflejando la creciente incorporación de tecnologías inteligentes en las operaciones.

Asimismo, se proyecta la incorporación de unos 3.000 profesionales dedicados a la gestión social y el relacionamiento comunitario, una función que adquiere cada vez mayor relevancia para fortalecer el vínculo entre las empresas, las comunidades y los distintos actores del territorio.

El informe sostiene que el tiempo para preparar estos recursos humanos es limitado y plantea la necesidad de incrementar progresivamente la cantidad de egresados técnicos, pasando de los actuales 3.000 por año a unos 8.000 hacia 2030, con el objetivo de formar alrededor de 15.000 nuevos profesionales para 2035.

Para alcanzar esa meta, propone ampliar la infraestructura educativa mediante aulas híbridas en departamentos mineros, crear un Instituto Provincial de Minería con participación público-privada, fortalecer la capacitación para el trabajo en alta montaña e incorporar requisitos de formación y contratación de mano de obra local en los proyectos adheridos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Además, el documento impulsa programas destinados a fortalecer a los proveedores sanjuaninos mediante certificaciones y capacitación permanente, junto con políticas de inclusión que permitan elevar la participación femenina en la industria, que actualmente representa el 12,6%, hasta alcanzar el 25% en los próximos años.

En cuanto al financiamiento, la propuesta plantea que los recursos provengan del propio crecimiento de la actividad minera. Entre las alternativas analizadas figuran la asignación del 40% del Fondo Especial para el Desarrollo Minero, un aporte equivalente al 0,5% de la masa salarial de los proyectos incorporados al RIGI, la utilización del 15% de las regalías generadas por los nuevos emprendimientos para crear un Fondo de Educación Minera y contribuciones del sector privado junto con organismos internacionales.

El informe concluye que la disponibilidad de personal capacitado será uno de los factores determinantes para sostener el desarrollo de la minería del cobre y garantizar que San Juan pueda aprovechar plenamente las oportunidades económicas que ofrecerán los proyectos previstos para la próxima década.