TRATADO MINERO CON CHILE: PROVEEDORES SANJUANINOS ADVIERTEN QUE LA APERTURA BINACIONAL PODRÍA DEJARLOS FUERA DE COMPETENCIA.

A pocos días de una reunión decisiva para la actualización del Tratado de Integración y Complementación Minera entre Argentina y Chile, empresarios proveedores de San Juan alertaron sobre una fuerte desventaja competitiva frente a las firmas chilenas, con diferencias de costos que alcanzan el 50% y que, según sostienen, ponen en riesgo la participación de las empresas locales en los grandes proyectos de cobre de la cordillera.

La reactivación del Tratado Minero entre Argentina y Chile, cuya comisión bilateral se reunirá el próximo 7 de julio en Buenos Aires, volvió a encender el debate entre los proveedores mineros de San Juan. Mientras las compañías desarrolladoras consideran que la actualización de los protocolos permitirá optimizar la logística y la operación de los proyectos binacionales, los empresarios locales sostienen que las actuales condiciones económicas generan una competencia desigual que favorece a las firmas chilenas.

La principal preocupación gira en torno al desarrollo del proyecto integrado Vicuña, impulsado por Lundin Mining y BHP, que unifica los yacimientos Josemaría y Filo del Sol. La compañía solicitó un protocolo específico que le permita operar ambos depósitos como una única unidad productiva, facilitando el tránsito de equipos, insumos y personal a través de la frontera.

Sin embargo, desde la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA) consideran que, sin una revisión de las asimetrías económicas existentes entre ambos países, la mayor integración terminará perjudicando a los proveedores argentinos.

El presidente de la entidad, Fernando Godoy, afirmó que la diferencia de costos operativos entre empresas argentinas y chilenas oscila actualmente entre el 40% y el 50%, producto de la elevada carga tributaria, los mayores costos logísticos y el valor de los bienes de capital en Argentina.

Como ejemplo, explicó que el alquiler mensual de una camioneta 4×4 habilitada para operar en alta montaña cuesta alrededor de 1.700 dólares más IVA en Copiapó, mientras que en San Juan el mismo servicio alcanza entre 2.700 y 3.000 dólares. Situaciones similares se presentan con los camiones regadores, cuyo costo mensual en Chile ronda entre 17.000 y 19.000 dólares, frente a valores que en Argentina llegan hasta los 30.000 dólares más IVA.

Según CAPRIMSA, estas diferencias reducen significativamente la competitividad de las empresas locales a la hora de participar en licitaciones de servicios para los grandes proyectos mineros.

Además de Vicuña, otros emprendimientos estratégicos como El Pachón y Los Azules también podrían beneficiarse de la actualización de los protocolos binacionales, ya que permitirían una mayor integración logística entre ambos países durante las etapas de construcción y operación.

No obstante, Godoy cuestionó que el tratado fue concebido en un contexto muy distinto al actual. Recordó que cuando se firmó, en 1997, Argentina tenía una industria minera incipiente y necesitaba apoyarse en la experiencia chilena, mientras que hoy San Juan cuenta con más de dos décadas de desarrollo, proveedores especializados y experiencia acumulada en operaciones de gran escala como Veladero.

El dirigente también criticó la falta de posicionamiento de otros sectores empresariales frente a la discusión del tratado y aseguró que únicamente CAPRIMSA y la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) vienen manifestando públicamente su preocupación por las consecuencias que podría generar el nuevo esquema operativo.

La discusión adquiere especial relevancia en un momento en que Argentina se prepara para desarrollar algunos de los mayores proyectos cupríferos del mundo. Para los proveedores sanjuaninos, el desafío no pasa por frenar la integración minera con Chile, sino por garantizar condiciones de competencia equilibradas que permitan que el crecimiento del sector también se traduzca en empleo, inversión y desarrollo para las empresas nacionales.