EL GOBIERNO ACTUALIZA LA LEY DE INVERSIONES MINERAS PARA AGILIZAR PROYECTOS Y REDUCIR TRÁMITES.

El Gobierno nacional reglamentó una profunda actualización de la Ley de Inversiones Mineras 24.196 con el objetivo de modernizar el régimen vigente, agilizar el desarrollo de proyectos y simplificar los procedimientos administrativos para las empresas del sector.

La medida, oficializada mediante el Decreto 482, introduce cambios destinados a mejorar la competitividad de la minería argentina, incorporando herramientas digitales, precisiones sobre los beneficios fiscales y nuevas disposiciones vinculadas a importaciones, aspectos ambientales y presentación de información empresarial.

Entre las principales modificaciones se destaca la digitalización de los trámites a través de plataformas electrónicas, la agilización de las importaciones de insumos, equipos y repuestos mediante la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA) y la definición formal del concepto de “proyecto minero”, estableciendo criterios más claros para la aplicación de los beneficios previstos en la ley.

La nueva reglamentación también precisa el alcance de la estabilidad fiscal por 30 años, uno de los principales incentivos del régimen, y establece plazos concretos para la evaluación y aprobación de proyectos por parte de la autoridad de aplicación.

Otro de los cambios relevantes apunta a acelerar los procesos de devolución del crédito fiscal del IVA durante las etapas de exploración y desarrollo, brindando mayor previsibilidad financiera a las compañías que invierten en el país.

En materia ambiental, la normativa incorpora la posibilidad de contratar seguros específicos como garantía de cumplimiento, buscando unificar criterios con la legislación ambiental vigente y reducir la superposición de requisitos administrativos.

Además, se amplían las condiciones para la integración regional de procesos vinculados al tratamiento de minerales y se habilita la incorporación de bienes reacondicionados, una medida orientada a mejorar la eficiencia y reducir costos en las operaciones mineras.

Desde el Gobierno sostienen que la actualización busca dotar de mayor transparencia, previsibilidad y eficiencia a un régimen que, tras más de tres décadas de vigencia, requería adecuarse a las nuevas condiciones productivas y tecnológicas de la industria minera.