El Gobierno de Salta puso en marcha un nuevo esquema de control ambiental destinado a mejorar la gestión de los residuos sólidos urbanos generados por la actividad minera. La medida establece la creación de registros obligatorios para empresas y operadores que participan en el manejo de desechos producidos en instalaciones y campamentos ubicados dentro de áreas mineras.
La normativa, impulsada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, busca garantizar la trazabilidad de los residuos durante todo su ciclo de gestión, desde su generación hasta su tratamiento y disposición final, reforzando los mecanismos de fiscalización en un sector que registra un importante crecimiento en la provincia.
Para ello, se crearán dos registros específicos: uno destinado a las empresas generadoras de residuos vinculados a proyectos mineros y otro para los operadores encargados de las tareas de transporte, tratamiento, recuperación y disposición final. La inscripción será obligatoria para todos los actores alcanzados por la nueva regulación.
Además, las compañías deberán presentar un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, donde se detallen las acciones previstas para la separación en origen, la recolección diferenciada, el transporte, la recuperación de materiales reciclables, la disposición final de los residuos y los programas de capacitación destinados al personal involucrado.

La resolución también establece límites para el almacenamiento temporal de residuos en los campamentos mineros. Los materiales reciclables no podrán permanecer acopiados por más de siete días ni superar determinados volúmenes establecidos por la normativa, mientras que los residuos no reciclables tendrán restricciones aún más estrictas en cuanto a tiempo y capacidad de almacenamiento.
Como parte de las nuevas obligaciones, los operadores deberán emitir certificados mensuales que acrediten el tratamiento realizado sobre los residuos gestionados y presentar informes periódicos ante las empresas mineras y las autoridades ambientales competentes.
Las empresas y operadores contarán con un plazo de 90 días para adecuarse a los nuevos requisitos. Cumplido ese período, deberán disponer de registros y documentación verificable que permita a los organismos de control supervisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas.
Con esta iniciativa, Salta busca fortalecer la gestión ambiental vinculada al desarrollo minero, promoviendo una administración más eficiente y transparente de los residuos urbanos generados por la actividad y reforzando los controles sobre su tratamiento y disposición final.






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