SAN JUAN AVANZA CON UNA LEY PARA IMPULSAR LA CONTRATACIÓN LOCAL EN LA MINERÍA.

El Gobierno de San Juan dejó prácticamente listo el proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero, una iniciativa que busca fortalecer la participación de empresas, proveedores y trabajadores sanjuaninos en los grandes proyectos mineros que se desarrollan en la provincia. Tras completar las revisiones técnicas y administrativas, solo resta la firma del gobernador Marcelo Orrego para que la propuesta sea enviada a la Cámara de Diputados.

La futura norma apunta a generar herramientas que favorezcan la integración de actores locales en la cadena de valor minera, especialmente en un contexto marcado por la llegada de importantes inversiones vinculadas al desarrollo de proyectos cupríferos. Su tratamiento legislativo podría comenzar en los próximos días y se perfila como uno de los debates económicos más relevantes del año en San Juan.

A diferencia de otras iniciativas, el proyecto no establece porcentajes obligatorios de contratación local. Desde el Ejecutivo provincial explicaron que no es posible imponer por ley cupos a las empresas privadas, por lo que se optó por un sistema basado en incentivos fiscales para promover la participación de proveedores y mano de obra sanjuanina.

Entre los beneficios contemplados figuran reducciones vinculadas al impuesto sobre los Ingresos Brutos para aquellas compañías mineras que acrediten mayores niveles de contratación local y para las firmas provinciales que logren incorporarse a la actividad minera como proveedoras de bienes y servicios.

La discusión sobre cómo incrementar el impacto de la minería en la economía provincial ha cobrado fuerza en los últimos años, impulsada por el crecimiento de proyectos de gran escala en la cordillera. Cámaras empresarias y sectores productivos vienen reclamando mecanismos que permitan una mayor presencia de empresas sanjuaninas en las obras y servicios asociados a la industria.

El envío del proyecto a la Legislatura coincide además con recientes cuestionamientos surgidos tras la adjudicación de una obra superior a los 50 millones de dólares por parte de Vicuña para ampliar el campamento Batidero. La decisión de contratar a un consorcio integrado por firmas extranjeras y de otra provincia reavivó el debate sobre la necesidad de fortalecer la competitividad de los proveedores locales para que una mayor parte de la inversión minera genere empleo y desarrollo dentro de San Juan.

Con el respaldo de los organismos que participaron en su elaboración, la iniciativa ingresará ahora en una etapa decisiva. Legisladores, empresarios y representantes de distintos sectores económicos comenzarán a analizar una propuesta que busca consolidar un mayor vínculo entre el crecimiento de la minería y el desarrollo productivo provincial.